Al cumplirse 31 meses de la muerte de 65 obreros en la mina Pasta de Conchos, deudos de las víctimas denunciaron que las pensiones que reciben 26 familias son de sólo la tercera parte de lo que la Secretaría del Trabajo “presume”. El sacerdote Carlos Rodríguez encabezó la misa mensual en memoria de los caídos Foto José Carlo GonzálezEl padre Carlos Rodríguez durante la misa mensual por las 65 victimas de la mina Pasta de Conchos, que se celebró ayer afuera de las instalaciones de Industrial Minera México, en Polanco.
Niegan deudos de mineros muertos en Pasta de Conchos que reciban pensiones elevadas
■ En promedio nos dan 125 pesos diarios, y no 300 como presume Javier Lozano, acusan
La Jornada / Carolina Gómez Mena
Al cumplirse 31 meses de la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, sus deudos denunciaron que las pensiones que reciben 26 de las familias afectadas representan cerca de una tercera parte de lo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) “presume” ante organizaciones internacionales que se han solidarizado con el movimiento.
Esto fue expuesto durante una misa oficiada por el sacerdote jesuita Carlos Rodríguez Rivera, celebrada a las afueras de la sede del consorcio Industrial Minera México, de Grupo México, ubicada en Lomas de Chapultepec.
Previo al servicio religioso, los presentes guardaron un minuto de silencio ante 65 cruces realizadas con gis en la acera, tanto por los mineros caídos ese 19 de febrero de 2006, como por los 10 mil habitantes del Distrito Federal que perdieron la vida durante los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985 y las víctimas de lo ocurrido en Morelia, Michoacán, durante la reciente celebración patria.
En entrevista previa a la misa, el religioso jesuita, integrante de la Pastoral Laboral y del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), fustigó lo asegurado por el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, respecto al monto que alcanzan las pensiones y a la insistencia en asegurar que ese otorgamiento es un logro de la actual administración.
“Eso es una falsedad, contrariamente a lo que Lozano ha anunciado de que las familias –26 de ellas– están recibiendo cerca de 300 pesos diarios, pues el cálculo se habría hecho sobre esa cantidad; en realidad reciben en promedio 125 pesos diarios, pero la mayoría recibe sólo 110 pesos y la pensión más grande sólo alcanza los 226 pesos, cantidad que nos parece indignante después de este siniestro en el que hubo responsabilidad de Minera México y de la STPS, a través de sus inspectores; ahora las familias ni tienen los cuerpos ni una pensión digna”.
En documentación repartida durante la eucaristía se encuentra una carta que la unidad de asuntos internacionales de la STPS envió a Denisse Roca-Servant, del Comité de Solidaridad de las Familias de Pasta de Conchos en Phoenix, Arizona, en la que, además de asegurar que a todos los reclamos de los deudos se ha dado puntual respuesta, se especifica que “las indemnizaciones y pensiones se determinaron sobre un salario base de cálculo de 300 pesos diarios en lugar de los 110 con el que los patrones, Industrial Minera México y General de Hulla, habían registrado a estos trabajadores ante el IMSS”.
También en ese escrito se asegura que “por gestiones de la STPS se logró que las empresas cubrieran una indemnización equivalente a 25 por ciento adicional a los beneficiarios de todos los mineros fallecidos”.
Tras señalar que seguirán exigiendo “pensiones dignas, castigo a los responsables y el rescate de los cuerpos”, Rodríguez sostuvo que en breve la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitirá una recomendación sobre la queja interpuesta hace un año por los afectados, y dijo que la expectativa es que ésta “apunte al rescate de los cuerpos”.
“La CNDH está por pronunciarse; la segunda visitadora, Talía Pedroza, nos ha dicho que hay un conjunto de violaciones en el aparato de Estado que impiden el ingreso a la mina, por lo que es muy probable que su recomendación apunte al rescate de los cuerpos y a la reapertura de la mina; esperamos que haya pronunciamiento antes de que termine el año”.
La Jornada / Carolina Gómez Mena
Al cumplirse 31 meses de la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, sus deudos denunciaron que las pensiones que reciben 26 de las familias afectadas representan cerca de una tercera parte de lo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) “presume” ante organizaciones internacionales que se han solidarizado con el movimiento.
Esto fue expuesto durante una misa oficiada por el sacerdote jesuita Carlos Rodríguez Rivera, celebrada a las afueras de la sede del consorcio Industrial Minera México, de Grupo México, ubicada en Lomas de Chapultepec.
Previo al servicio religioso, los presentes guardaron un minuto de silencio ante 65 cruces realizadas con gis en la acera, tanto por los mineros caídos ese 19 de febrero de 2006, como por los 10 mil habitantes del Distrito Federal que perdieron la vida durante los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985 y las víctimas de lo ocurrido en Morelia, Michoacán, durante la reciente celebración patria.
En entrevista previa a la misa, el religioso jesuita, integrante de la Pastoral Laboral y del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), fustigó lo asegurado por el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, respecto al monto que alcanzan las pensiones y a la insistencia en asegurar que ese otorgamiento es un logro de la actual administración.
“Eso es una falsedad, contrariamente a lo que Lozano ha anunciado de que las familias –26 de ellas– están recibiendo cerca de 300 pesos diarios, pues el cálculo se habría hecho sobre esa cantidad; en realidad reciben en promedio 125 pesos diarios, pero la mayoría recibe sólo 110 pesos y la pensión más grande sólo alcanza los 226 pesos, cantidad que nos parece indignante después de este siniestro en el que hubo responsabilidad de Minera México y de la STPS, a través de sus inspectores; ahora las familias ni tienen los cuerpos ni una pensión digna”.
En documentación repartida durante la eucaristía se encuentra una carta que la unidad de asuntos internacionales de la STPS envió a Denisse Roca-Servant, del Comité de Solidaridad de las Familias de Pasta de Conchos en Phoenix, Arizona, en la que, además de asegurar que a todos los reclamos de los deudos se ha dado puntual respuesta, se especifica que “las indemnizaciones y pensiones se determinaron sobre un salario base de cálculo de 300 pesos diarios en lugar de los 110 con el que los patrones, Industrial Minera México y General de Hulla, habían registrado a estos trabajadores ante el IMSS”.
También en ese escrito se asegura que “por gestiones de la STPS se logró que las empresas cubrieran una indemnización equivalente a 25 por ciento adicional a los beneficiarios de todos los mineros fallecidos”.
Tras señalar que seguirán exigiendo “pensiones dignas, castigo a los responsables y el rescate de los cuerpos”, Rodríguez sostuvo que en breve la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitirá una recomendación sobre la queja interpuesta hace un año por los afectados, y dijo que la expectativa es que ésta “apunte al rescate de los cuerpos”.
“La CNDH está por pronunciarse; la segunda visitadora, Talía Pedroza, nos ha dicho que hay un conjunto de violaciones en el aparato de Estado que impiden el ingreso a la mina, por lo que es muy probable que su recomendación apunte al rescate de los cuerpos y a la reapertura de la mina; esperamos que haya pronunciamiento antes de que termine el año”.
El padre Carlos Rodríguez durante la misa mensual por las 65 victimas de la mina Pasta de Conchos, que se celebró ayer afuera de las instalaciones de Industrial Minera México, en Polanco Foto: José Carlo González
